IU-Verdes insta a una mejor regulación de las subvenciones municipales

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Se trata de un puesto que, de ser útil para Lorca, debería proveerse mediante un procedimiento selectivo inspirado en principios de igualdad, mérito y capacidad

03/01/18. El Portavoz del Grupo Municipal de IU-V, Pedro Sosa, ha revelado esta mañana el contenido de un Decreto de la Alcaldía de Lorca, fechado el pasado 22 de diciembre y del que tuvieron conocimiento ayer lunes día 2 de enero, mediante el cual se produce una recomposición de determinados puestos de personal eventual adscritos al Gabinete de la Alcaldía.

Lo paradójico y absolutamente reprobable de esa recomposición, en opinión del edil de IU-V, es que el puesto de “asesor de participación” creado “ad hoc” hace unos meses para que lo ocupase la exconcejal del PP, Ana María Lidón, sin ningún tipo de procedimiento selectivo respetuoso con los principios básicos de acceso al empleo público, deja de ser ocupado por esa exconcejal del PP para “transferirlo”, sin ninguna explicación ni justificación, a otro exconcejal del PP, en este caso a Joaquín Ruiz Montalván, que ha debido ser el lorquino al que el pasado 22 de diciembre le tocó la pedrea más gorda; un puesto del grupo A que cuenta con unas generosas remuneraciones mensuales.

Sosa manifestaba esta mañana su absoluta oposición a esta decisión y ha explicado las razones que esgrime su grupo político para oponerse al contenido de ese Decreto. En primer lugar para IU-V los puestos de personal eventual, que la Ley vincula a la confianza, deberían limitarse al Gabinete de la Alcaldía y a los grupos políticos, conforme a la legalidad vigente. No tiene sentido alguno que en un Ayuntamiento que cuenta con doce concejalías delegadas, una de ellas, que precisamente no es la más compleja, tenga que tener en lo más alto de su organigrama funcional a un “comisario político” ocupando el puesto de asesor. Si ese puesto de asesor es necesario, sostiene Sosa, debería proveerse mediante el oportuno procedimiento selectivo respetuoso con los principios constitucionales de acceso a la función pública.

De otro lado es poco vendible que esa recomposición tenga como protagonista a un exconcejal del PP, Ruiz Montalván, que va saltando de cargo público en cargo público, sin tener ni la formación académica, ni los conocimientos, ni la experiencia adecuada para ello. Se trata de un señor que desde que presidió el Consejo de la Juventud de Lorca, pasó a ser concejal del PP, de ahí accedió por designación digital al puesto de Director de Gestión del Área de Salud nº 3 en el Hospital Rafael Méndez de Lorca, hasta que las críticas del colectivo sanitario y de los grupos de la oposición en el Parlamento Regional, entre ellas y muy destacadamente las de IU, obligaron a Sanidad a cesar a todos sus cargos elegidos a dedo. Nos consta que después ha tenido aspiraciones para hacerse con el puesto de Gerente del Campus Universitario de Lorca, y frustradas éstas porque ese puesto finalmente será objeto de un concurso público, el Alcalde de Lorca ha decidido darle refugio en el Ayuntamiento de Lorca removiendo de su puesto a otra exconcejal del PP que apenas ha estado en el mismo unos meses y que en su día se nos quiso vender como la persona más preparada de Lorca en materia de participación ciudadana.

 

Sosa afirma desconocer la ascendencia que tiene Ruiz Montalván en las esferas regionales y locales del PP, pero parece evidente que esta designación cabe encuadrarla en las luchas por el poder dentro del PP en Lorca. Lo reprobable para IU-V, sostiene Sosa, es mezclar en esa lucha al Ayuntamiento, comprometiendo su presupuesto y retorciendo el objeto y finalidad de los empleos eventuales y de confianza.

 

Igual que Murcia retuvo durante meses las ayudas a los afectados de los terremotos, ahora está demorando devolver al Gobierno central su parte, lo que parece indicar que, mientras tanto, es la administración autonómica quien se lucra de los rendimientos de un dinero que procede del sufrimiento de los vecinos

21.12.17.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes en Lorca, Gloria Martín, ha informado que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se está quedando, íntegramente, con la devolución de las ayudas concedidas por los terremotos de 2011, cuya mitad le corresponde al Estado.

Martín explicó que las ayudas concedidas al amparo del Decreto 68/2011, de 16 de mayo, estaban sufragadas al 50% por las administraciones estatal y autonómica (artículo 2). De hecho, cuando hace seis meses la CARM empezó a pedir la devolución de las ayudas a los afectados, les informó que la mitad de la cuantía a reintegrar pertenecía al Estado y la otra a la Comunidad Autónoma.

Sin embargo, algunos afectados que han comenzado a devolver las ayudas mediante pago fraccionado, han recibido una carta de la Consejería de Presidencia y Fomento de la Región de Murcia, en la que se refleja que la cantidad reintegrada se descuenta únicamente de la parte autonómica. Por ejemplo, en el caso de un vecino que debía devolver –a juicio de la CARM– 1.000 euros y que ya ha abonado, mediante autoliquidación, 500, la administración autonómica considera saldada su “deuda” ya que ésta no ha repartido la devolución con la administración central, que sigue pendiente de pago.

Para Martín, esto demuestra que la CARM está movida únicamente por un afán recaudador para poder devolver el préstamo de 115 millones de euros que suscribió en 2012 con el ICO para conceder las ayudas, convirtiendo éstas en  una suerte de préstamo a los damnificados que pretende cobrarse casi siete años después de los seísmos con importantes intereses de demora

En ese sentido, ha exigido que se haga público el convenio, suscrito el 18 de mayo de 2011 por el entonces presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, el que fuera ministro de Fomento, José Blanco, y el ex alcalde de Lorca, Francisco Jódar, por el que se instrumenta la gestión de las ayudas, de modo que los afectados sepan a quién están pagando cuando reintegran la subvención. “Igual que la CARM retuvo durante meses las ayudas a los afectados de los terremotos, ahora está demorando devolver al Estado su parte, lo que parece indicar que, mientras tanto, es Murcia quien se lucra de los rendimientos de un dinero que procede del sufrimiento de los vecinos”.

Por otra parte, la concejala de IU-Verdes ha reclamado, una vez más, a la CARM, que respete la redacción del Decreto 68/2011, de 16 de mayo, por el que los afectados tendrían dos vías distintas para justificar el empleo de las subvenciones y no tener así que devolverlas. La primera sería la presentación de las facturas de obra y, la segunda, -dado que muchos afectados no las conservan después de tantos años- la realización de un informe técnico que demuestre que las reparaciones están efectuadas. “Es muy fácil: un funcionario visita la casa, certifica que las obras se han hecho y se archiva el expediente. Sólo hay que tener voluntad política de hacerlo”, aseguró Martín.

 
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