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La concejala de esta formación, Gloria Martín, recordó que el Gobierno de la Nación autorizó a la Comunidad Autónoma a reclamar el dinero a los afectados desde el mismo momento en que decretó que fuera la Consejería de Fomento el órgano responsable de la tramitación y la gestión de las ayudas a los damnificados. “Ahora no pueden quejarse porque fue el Estado quien concedió patente de corso a la Administración autonómica y, a pesar de la caótica gestión de las ayudas, el Ministerio competente jamás ha hecho uso de su facultad de controlar la acción del Gobierno regional”, explicó.

26.11.18.- A punto de cumplirse el primer mes desde la rúbrica del acuerdo entre el Consejero de Fomento de la Región de Murcia, Patricio Valverde, y la Plataforma de Afectados por la devolución de las ayudas de los terremotos de 2011, la concejala de IU Verdes Lorca, Gloria Martín, ha denunciado que las víctimas de los seísmos no han recibido ninguna comunicación que indique que van a poder resolver su situación acogiéndose a la Ley 8/2018. Por el contrario, se han seguido produciendo embargos y envíos masivos de órdenes de reintegro y providencias de apremio que se siguen recurriendo, “cada día”, desde el despacho de Izquierda Unida. “El Gobierno regional no ha dado conformidad a ni uno sólo de los expedientes que han presentado la cuenta justificativa simplificada, a pesar de que, solo en la plataforma 500 familias han cumplimentado la documentación”, explicó Martín.

Los servicios jurídicos de la CARM tampoco se han manifestado aún, a pesar del compromiso de Fomento de solicitar un informe sobre la prescripción del derecho de la Administración a reclamar el reintegro de las subvenciones.

Martín también ha reclamado que en la Oficina del Terremoto del Ayuntamiento “se ofrezca a todos los afectados la posibilidad de acogerse a la Ley 8/2018”,  a pesar de que el coste de las obras supere el valor de tasación de los daños que establecieron los peritos de la CARM, “porque ese no es límite de gasto que establece la ley sino el coste real de las obras”, tal y como quedó de manifiesto en el acuerdo suscrito.

Martín ha lamentado que el Gobierno regional haya agotado ya uno de los cinco meses que tenía de plazo para cumplir con sus compromisos, sin que su actuación haya servido para dar “tranquilidad y confianza” a los damnificados respecto a los compromisos adquiridos.

Por otra parte, respecto a la afirmación del PSOE de que la Administración del Estado no ha dado ninguna instrucción a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para que ésta proceda a exigir, en su nombre, el principal o los intereses devengados de la parte estatal de las ayudas, Martín mostró una de las  órdenes de reintegro en la que aparecen los logotipos de la Consejería de Fomento del Gobierno murciano y del Ministerio del Interior. Al respecto, recordó que el Gobierno de la Nación autorizó a la Comunidad Autónoma a reclamar este dinero “desde el mismo momento en que decretó que fuera la Consejería de Fomento el órgano responsable de la tramitación y la gestión de las ayudas a los damnificados”. “Ahora no pueden quejarse porque fue el Estado quien concedió patente de corso a la Administración autonómica y, a pesar de la caótica gestión de las ayudas, el Ministerio competente jamás ha hecho uso de su facultad de controlar la acción del Gobierno regional”, aseguró Martín.

“Quizá por torpeza, pero también por desidia, el Estado ha dado lugar a que ahora, de manera torticera y para expiar parte de su culpa, que es mucha, el Gobierno regional se venda ante los afectados como un ente de generosidad infinita, condonando los intereses que dicen que les corresponde”, dijo la edil de IU-Verdes. “Es posible que el Ministerio no esté actuando con ningún afán recaudatorio, pero, lo quieran o no, está originando que haya decenas de vecinos a los que ya se les ha procedido al embargo de sus cuentas bancarias, a pesar de haber devuelto las ayudas hace años”, añadió.

Martín denunció que el Estado no está ejerciendo su facultad de control como Administración interviniente en la financiación de estas ayudas. Al respecto, señaló que tampoco está ejerciendo sus facultades de desarrollo. Y es que el Gobierno de Sánchez y los titulares de los departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, podrían dictar las disposiciones necesarias para la ejecución de lo establecido en las normas que regulan las ayudas.

“Si todos coincidimos en que la gestión de las subvenciones se le ha ido de las manos a la CARM, si la Abogacía del Estado entiende que, en un altísimo porcentaje, el derecho de las administraciones a exigir el reintegro de las subvenciones ha prescrito, ¿Por qué no hacen uso de sus competencias y, vía decreto, facilitan el cierre de los expedientes?”, se preguntó la concejala de IU?

Martín también pidió al PSOE local que “deje de tomarse como una afrenta personal las legítimas críticas que hacemos a una y otra Administración, porque nuestras obligaciones como concejales están por encima de nuestra condición de militantes de un partido político” y, además, “ellos tienen ahora responsabilidades de gobierno”. Por el contrario, animó al Delegado del Gobierno, Diego Conesa (PSOE), y al Consejero Patricio Valverde (PP), a que se sienten “a dialogar y a colaborar” y que no utilicen la Comisión Mixta sólo para tirarse los trastos a la cabeza.

Por último, Gloria Martín pidió una nueva convocatoria de este órgano porque hay expedientes “singulares” que deben resolverse en el ámbito de dicha comisión”.

 

Actualizado (Lunes, 26 de Noviembre de 2018 10:27)

 

 

 

Sosa afirma que la Ley regional aprobada en pasado julio aún no ha sido desarrollada, lo que genera problemas en los ayuntamientos de la Región, entre ellos el de Lorca, e inseguridad jurídica en los ciudadanos que se están registrando

IU-V traslada esta iniciativa a su organización regional para que los municipios de toda la Región exijan el desarrollo e implementación de esta Ley

 

22.11.18 Pedro Sosa Martínez, Portavoz del Grupo Municipal de IU-Verdes en el ayuntamiento de Lorca, ha registrado en el Pleno ordinario del mes de noviembre de 2018, que se celebrará este próximo lunes, una iniciativa para que la administración local lorquina exija al Gobierno regional la implementación de las disposiciones de la Ley 7/2018, de 3 de julio, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Tras la aprobación, este pasado verano, de esta Ley en la que la Comunidad autónoma recaba para sí misma la competencia en materia de parejas de hecho, los ayuntamientos de la Región, que hasta la fecha venían haciendo labores de registro de estas parejas, se han visto frente a un limbo legal y, por lo que sabemos, están actuando de diversas maneras: algunos siguen registrando parejas de hecho, pese a que ello podría generar una gran inseguridad jurídica que puede tener consecuencias muy negativas para las parejas inscritas y que se siguen inscribiendo, toda vez que esa falta de competencia podría implicar la nulidad de pleno de derecho de las inscripciones con lo que ello supone en términos de no reconocimiento de derechos a los inscritos. Otros ayuntamientos están señalando a las parejas que acuden a sus dependencias que, ante el limbo legal existente, lo mejor es que esperen al desarrollo de la Ley. Cabe recordar que estos registros dan fe de la existencia de una relación de afectividad análoga conyugal con las derivaciones legales que ello tiene en términos de reconocimiento de derechos.

Tras la aprobación de la citada norma por el parlamento murciano, el Gobierno regional  debería haber procedido a su desarrollo mediante el Reglamento que se contempla en sus disposiciones transitorias y a la constitución del Registro de Parejas de la CARM, con la integración de oficio y de modo automático de las inscripciones de parejas de hecho de los registros municipales en el Registro autonómico.

IU-V exige que el ejecutivo murciano proceda al desarrollo inmediato de la Ley y apunta que este retraso puede obedecer a diversas causas, y ninguna de ellas digna de elogio alguno. La primera es que, al margen de cualquier consideración política o ideológica, estamos ante un Gobierno regional absolutamente ineficiente en el cumplimiento de sus funciones. La segunda, esta sí más ideológica, es que el Registro de Parejas de Hecho da certeza y seguridad jurídica a un modelo de relaciones personales más plural e inclusivo que se aleja del modelo tradicional que es el único por el que parece que apuesta la derecha murciana. Y la tercera tiene que ver con la insumisión del ejecutivo para implementar las normas que le vienen dadas del legislativo murciano en el que no tiene mayoría. Sosa ha apuntado sobre este último asunto que muy recientemente el Tribunal Constitucional ha desautorizado al Gobierno regional del PP por la no aplicación de la Ley Regional de Vivienda. En este sentido Sosa hace un llamamiento al grupo de Ciudadanos (C´s) toda vez que están sosteniendo a un gobierno en la Región de Murcia que se muestra insumiso en la implementación de las leyes que se aprueban en el Parlamento.

Al objeto de que esta iniciativa tenga más garantías de salir adelante, el Portavoz de IU-V ha comunicado su intención de trasladarla a su organización autonómica para que los concejales de IU en los diversos ayuntamientos la presenten en los plenos y obliguen al gobierno regional al desarrollo y efectiva puesta en marcha de la Ley.

 

Actualizado (Jueves, 22 de Noviembre de 2018 11:54)

 
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