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La concejala de esta formación, Gloria Martín, se reunió ayer con representantes del polígono y de la Plataforma de Afectados por las Inundaciones, Pailorca. En dicho encuentro, se abordaron otras soluciones para evitar inundaciones en Torrecilla, como la canalización de parte de las aguas hacia la rambla de Béjar o la construcción de un tanque de tormenta

18.01.19.- La concejala de Izquierda-Unida Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, preguntará en el Pleno Municipal de enero sobre el estado del proyecto de construcción de un gran colector de pluviales en el Polígono Industrial de Saprelorca, anunciado por el PP en octubre de 2017 y en el que el Gobierno regional aseguró que invertiría ocho millones de euros.

 

La medida fue anunciada por el entonces consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco Jódar y por el Alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, quienes llegaron a manifestar que el inicio de las obras de la primera fase tendría lugar en 2018 y que se estaba “ultimando el expediente” para poner a disposición de la Consejería los terrenos necesarios para construir esta infraestructura.

 

La edil aseguró que se trata de una actuación “urgente” porque, en caso de fuertes lluvias, los desagües del polígono se ven superados y gran parte de las aguas van a parar al cauce público, anegando parcelas y viviendas en la pedanía de Torrecilla, como sucedió en noviembre pasado. Además, en el polígono no existe una red separada de aguas residuales y de pluviales, por lo que los vecinos han denunciado también en numerosas ocasiones vertidos contaminantes.

 

Martín se reunió ayer con representantes de Saprelorca y de la Plataforma de Afectados por las Inundaciones, Pailorca. En dicho encuentro, se abordaron también otras soluciones que podrían ser “alternativas o complementarias” para dar solución a los problemas de inundaciones. Entre ellas, se apuntó la canalización de parte de las aguas del polígono que ahora se vierten en la rambla Alta hacia la rambla de Béjar, que cuenta con mayor capacidad de encauzamiento. Además, se sugirió la construcción de un “tanque de tormenta”, un depósito que captura y retiene el agua de lluvia cuando hay precipitaciones muy intensas, permitiendo después su evacuación controlada, lo que disminuye la posibilidad de inundaciones. Este dispositivo es particularmente importante en las áreas donde se ha producido una impermeabilización masiva de las cuencas, por ejemplo a causa de la urbanización, como sucede en este caso.

 

La concejala de IU abogó porque el equipo de Gobierno municipal se reúna con la plataforma de afectados y con técnicos de Saprelorca para estudiar las mejores alternativas posibles y ponerlas en práctica. En ese sentido, recordó que 6.500 vecinos habitan en zona de peligro por inundaciones y que, seis años después de la riada de San Wenceslao, en la que perdieron la vida cinco personas, “solo han recibido promesas”.

 

“Sabemos que las actuaciones en el polígono no son las únicas necesarias, pero en estas tiene competencias directas el Ayuntamiento, que es el responsable de la red de saneamiento y pluviales de Saprelorca, a través de Aguas de Lorca”, concluyó Martín.

 

 

 

Pedro Sosa y Gloria Martín ha explicado que este ente no está sometido a auditorías desde 2016, año en que la empresa encargada de su fiscalización puso de manifiesto limitaciones al alcance de su trabajo, así como numerosos incumplimientos contables y normativos, incluido que las cuentas anuales correspondientes a ese ejercicio “ni siquiera fueron aprobadas por el Consejo de Administración del Consorcio”, algo que también sucedió en 2015

18.01.19.- Los concejales de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Lorca, Pedro Sosa y Gloria Martín, han pedido explicaciones sobre la situación en la que se encuentra actualmente el Consorcio de Marina de Cope, cuya disolución fue anunciada en marzo de 2011 por el equipo de Gobierno municipal del PP. Sin embargo, durante todo este tiempo el consorcio no sólo se ha mantenido en el Inventario del sector público de la Comunidad Autónoma, sino que esta semana el Boletín Oficial de la Región de Murcia ha publicado sus nuevos estatutos que el Gobierno regional aprobó el pasado 6 de julio.

El Consorcio de Marina de Cope tiene entre sus objetivos el “impulso, desarrollo, gestión y ejecución de la Actuación de Interés Regional (AIR) Marina de Cope”, a pesar de que ésta está anulada “por sentencia judicial firme”, recordaron Sosa y Martín.

En 2013, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia confirmó la protección ambiental de Calnegre-Cope, y anuló los trámites de urbanización impulsados por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y los Ayuntamientos de Águilas y Lorca. Del mismo modo, otra sentencia del TSJ de 2016 anuló la modificación de los Planes Generales de Ordenación Urbana de ambos municipios para adaptarse a una AIR “que ya no existe”.

Sin embargo, a día de hoy, ni estos ayuntamientos han anulado la adaptación de sus planes generales de ordenación urbana para dar cabida a un proyecto “tumbado por la Justicia”, ni el Gobierno regional ha disuelto el consorcio, sobre el que pesan “muchas sombras”. Los ediles de IU se preguntaron cómo casa el hecho de que el Alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, que es vicepresidente nato del Consorcio y también “un hombre del mundo del Derecho “se declare en rebeldía a acatar una sentencia judicial”. Martín recordó que además de Gil, la Alcaldesa de Águilas, María del Carmen Moreno (PSOE) también es vicepresidenta, y que la cabeza de esta entidad es la consejera de Turismo del Gobierno regional, Miriam Guardiola.

Gloria Martín también ha explicado que este ente no está sometido a auditorías desde 2016, año en que la empresa encargada de su fiscalización puso de manifiesto limitaciones al alcance de su trabajo, así como numerosos incumplimientos contables y normativos, incluido que las cuentas anuales correspondientes a ese ejercicio “ni siquiera fueron aprobadas por el Consejo de Administración del Consorcio”, algo que también sucedió en 2015.

En 2014, la empresa auditora manifestaba que no se pusieron a su disposición las Cuentas Anuales correspondientes a dicho ejercicio, por lo que no pudo realizarse la auditoría. Tampoco existen inspecciones entre los años 2005 y 2009. Y en 2010 y 2011 los equipos auditores tampoco pudieron expresar opinión sobre la Cuenta General porque desde el consorcio no se les proporcionó la información contable necesaria, incumpliendo lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se regula la rendición de cuentas de las entidades, empresas, fundaciones y consorcios del Sector Público Regional.

 

Actualizado (Viernes, 18 de Enero de 2019 10:44)

 
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