IU-Verdes insta a una mejor regulación de las subvenciones municipales

Adoración peñas presentará una moción en ese sentido al próximo pleno para acabar con el mal funci...

En IURM-Verdes no encuentran indicios para congratularse en la Región por unos buenos resultados en la gestión de la dependencia

Hacen esta afirmación tras conocer que “Murcia es la segunda comunidad con menor lista de espera e...

IU-Verdes reclama más recursos municipales para combatir el absentismo y el fracaso escolar

Consideran insuficientes los medios existentes teniendo en cuenta la extensión del municipio y las...

Gloria Martín también denuncia el envío de una nueva remesa de cartas en las que la Comunidad Autónoma exige a los afectados la devolución íntegra de las ayudas, a pesar de que reconoce que hay informes técnicos que demuestran la realización de las obras y que se presentan justificantes válidos de gasto por valor superior a las subvenciones concedidas

15.12.17 La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha mostrado su satisfacción porque el Defensor del Pueblo haya dado la razón a su formación política respecto a la negativa del Consorcio de Compensación de Seguros a facilitar a los damnificados por los terremotos de 2011, la información de las indemnizaciones que percibieron de este organismo.

Martín ha explicado que el Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la denuncia que formuló el pasado 10 de noviembre y que éste ha remitido una comunicación al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) en la que le recuerda, como sostenía la edil, que es “una entidad de Derecho público, integrada en el sector público y, en consecuencia, comprendida en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”. Esta afirmación deja en evidencia la excusa utilizada por el CCS para rechazar las peticiones de los afectados para acceder a la información de las indemnizaciones que les fueron concedidas. Y es que el Consorcio basaba su desestimación en que no está sometido al régimen de publicidad dispuesto en dicha norma.

Para el Defensor del Pueblo resulta “difícil de entender” que el CCS niegue a los preceptores de las indemnizaciones el acceso a sus expedientes y la obtención de copia de los documentos contenidos en los procedimientos que les afectan. En ese sentido, recuerda al  CSS que está sujeto al  “mandato constitucional” de servir con objetividad los intereses generales y que está obligado, cuando menos, a facilitar a los afectados el ejercicio de sus derechos.

Por todo ello, el Defensor del Pueblo ha iniciado una investigación de la que dará cuenta a Martín, como representante de los damnificados. La edil ha mostrado su satisfacción porque el Alto Comisionado de las Cortes Generales, encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas, otorgue la razón a los vecinos afectados y se ha mostrado convencida de que es “un paso más” hacia la resolución definitiva del conflicto por la devolución de las ayudas de los seísmos de 2011, que afecta a unas 800 familias en Lorca.

La edil de IU-Verdes denunció nuevamente la falta de sensibilidad y compromiso del equipo de Gobierno municipal del PP del que dijo que “en vez de defender los derechos de sus vecinos y votantes, está aliado con los intereses del Gobierno regional de su partido, movido únicamente por un afán recaudatorio”. Al respecto, Martín recordó que el pasado mes de abril, el Consejo de Ministros tuvo que prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2019 el préstamo de 115 millones de euros suscrito por la CARM con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en mayo de 2012, para agilizar el pago de las ayudas a los damnificados por los terremotos. El pazo de dicho préstamo vencía el 3 de mayo de 2017. Curiosamente, pocos días después los beneficiarios de las ayudas empezaron a recibir las cartas para que las devolvieran.

“Durante seis años, el PP no se ha preocupado por llevar a cabo el procedimiento de justificación de subvenciones y ahora, con el derecho al reintegro ya prescrito, se dedican a volver locos a los vecinos”, denunció Martín. La concejala de IU-Verdes expuso varios ejemplos de cartas enviadas a los damnificados en las que se rechazan facturas y justificantes de pago válidos, obligándoles a devolver las ayudas íntegras. “Las cartas reconocen que hay informes técnicos que demuestran la realización de las obras, que los afectados presentan justificantes válidos de gasto por valor superior a las subvenciones concedidas, y, sin embargo, que tienen que devolverlo todo”.

Martín exigió, por enésima vez, al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, que exija la materialización de los acuerdos adoptados por el Pleno municipal para dar una “solución política” a esta cuestión y que los afectados “puedan recuperar la tranquilidad y la normalidad en sus vidas”. “Llevamos más de seis meses pidiéndoselo y no ha movido un esparto”, se lamentó la edil de IU-Verdes.

Actualizado (Viernes, 15 de Diciembre de 2017 11:25)

 

La edil Adoración Peñas lamenta el continuismo de las partidas presupuestarias de los últimos años y que el PP siga considerando la política social como un gasto y no como una inversión

14.12.17. Adoración Peñas, concejala de Izquierda Unida Verdes en el ayuntamiento de Lorca ha criticado que los presupuestos regionales en materia de política social sigan siendo continuistas y claramente insuficientes para paliar los índices de pobreza que padece nuestra Región y por ende, nuestro municipio.

Peñas ha afirmado que si bien los presupuestos para asuntos sociales ha sufrido un ligero aumento, éste se queda muy corto para solucionar las graves carencias del 40% de murcianos en riesgo de pobreza y exclusión social y vuelve a evidenciar que el gobierno del PP entiende la política social como un gasto y no como una inversión, por lo que ha exigido una implementación mucho mayor tras largos  años de continuados recortes.

Peñas lamenta que el Gobierno regional destine más dinero a financiar la externalización de los servicios básicos para los colectivos de personas mayores o con discapacidad a través de ONG´s,  que a los propios servicios sociales municipales, y que las transferencias básicas a estos servicios sigan manteniéndose en los niveles más bajos de los últimos años.

Lo mismo sucede en materia de igualdad, pues los 2.444.000 € de 2018 para combatir la violencia de género, se quedan lejos de los 10.700.00 € de 2009 o de los 7.800.000 € de 2012. Otro ejemplo, es lo destinado dentro del Programa Nacional contra la Droga, donde a Lorca no le corresponde ni un solo euro. Y del millón de euros que este año como novedad se va a destinar a luchar contra la pobreza energética, a Lorca sólo le corresponderán 57.000 €, pese a ser el tercer municipio con más habitantes de la Región, “una cantidad ridícula” teniendo en cuenta la situación actual.

En cuanto al dinero destinado a las prestaciones básicas de servicios sociales, que atienden como pueden a los colectivos más desfavorecidos por la crisis, como los jóvenes, las mujeres o los parados de larga duración, los 791.000 € recibidos por nuestro municipio para 2018 (38.000 euros más que en 2017), quedan lejos de los 900.000 € recibidos años atrás y aún más del 1.500.000 € que recibe Cartagena por el mismo concepto. Por ello, la edil Peñas demanda que se dote presupuestariamente como corresponde a este servicio, pues dado el contexto actual de pobreza creciente, necesitan de más recursos que los actuales.

 

 
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