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Califican de disparate que el gobierno quiera regular esta iniciativa a costa de los raquíticos presupuestos municipales para servicios sociales y exigen al alcalde que se niegue a hacerlo

31.08.2017. Adoración Peñas, concejala de IU-Verdes del Ayuntamiento de Lorca ha explicado que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha elaborado un proyecto de Real Decreto que regula el llamado Bono Social para los consumidores vulnerables de energía eléctrica. La norma regulará las condiciones para obtener descuentos en la factura en función de determinadas circunstancias y establece las situaciones en la que el suministro será considerado esencial, lo que impedirá el corte del mismo, obteniendo descuentos del 25% en su factura quienes estén en condición de “vulnerable” y del 40% si se considera “vulnerabilidad severa” (medida ésta en función de la renta anual con relación al IPREM junto a otras circunstancias como por ejemplo familias numerosas o familias compuestas por pensionistas)

Lo preocupante, a juicio de IU-Verdes es que las eléctricas eviten el corte de suministro eléctrico a los hogares que acrediten la condición de vulnerabilidad severa… ¡si los servicios sociales abonan la factura!

Peñas ha afirmado que esto es un auténtico disparate teniendo en cuenta los reducidísimos presupuestos con los que cuentan los servicios sociales para hacer frente a las políticas sociales, más aún después de llevar años sufriendo unos recortes desmesurados e indecentes, recordando que, en el caso de Lorca, el aporte presupuestario procedente de la CARM para prestaciones y programas de servicios sociales ha descendido de forma más que significativa en los últimos años mientras que, además, supone aproximadamente un 17% de lo que reciben algunos centros sociales privados.

Según la edil, de implementarse esta medida, podría costar más de 300 millones de euros anuales a las administraciones territoriales titulares de los servicios sociales en toda España, y calcula que el coste para el ayuntamiento sería muy alto en función de su tamaño y población.

Peñas afirma, que siendo una actuación necesaria, necesita una mejor regulación ya que no es ética la fórmula del “Yo invito, tú pagas”, una fórmula aplicada bajo un puro oportunismo político que derivará en peligrosos efectos perversos, entre los que destacan el importante impacto presupuestario en ayuntamientos y comunidades, ni previsto ni pactado en el seno del órgano que debía haber conocido y abordado el asunto (Consejo Territorial de Servicios Sociales), lo que además, generará graves desigualdades territoriales al abordar el asunto.

Desde IU-Verdes recuerdan que hace escasos días la formación política dio a conocer el último informe de AIS Group en el que Lorca aparecía como el cuarto municipio español mayor de 50.000 habitantes con mayor tasa de pobreza anclada (tras conocerse otro en 2015 en el que nuestro municipio aparecía como el tercero más pobre).

Peñas achacaba esta situación a la falta de inversiones en material de política social, tanto en programas y servicios, como en personal y advierten que añadir el pago del bono social eléctrico al escueto presupuesto municipal destinado a servicios sociales, en lugar de asumirlo el gobierno de España que es quien lo promueve, generará una sobrecarga de gestión imposible para los servicios y para los profesionales, que durante la crisis vieron multiplicada la demanda y mermados los recursos y también que se trata de una norma antipedagógica y paternalista, ya que asumir la obligación de pago directo desde la administración no es ir por buen camino, si el fundamento es eximir a los usuarios de su papel en su proceso de inserción.

En otro orden de cosas, consideran en IU-Verdes que se trata de una medida muy parcial en su protección (¿no podemos cortar la luz, pero sí el gas?) y además los servicios sociales se verán obligados a compartir información de ciudadanos con unas empresas privadas que “activarán” estos servicios públicos cuando estimen oportuno.

En cuanto al acceso a la ayuda, Peñas estima que se discriminan positivamente algunas circunstancias (familias numerosas con independencia de sus ingresos) mientras que otras, mucho más castigadas actualmente, (monoparentalidad o soledad) no son tenidas en cuenta.

En relación al consumo energético, aseguran que se incrementará el mismo en estos hogares al máximo establecido, utilizando aparatos eléctricos para la calefacción sin ningún tipo de control sobre el medio ambiente y la eficiencia energética.

Desde IU-Verdes destacan de este asunto, que al margen de lo mal planteado que está este decreto (en teoría de protección social), diseñado totalmente bajo el prisma del asistencialismo, el gobierno se olvida de la cuestión fundamental: el abordaje de la pobreza.

Señalan, que la pobreza es un fenómeno más global y complejo y es una prioridad abordar el debate de cómo asegurar -por dignidad, no por caridad- que los hogares dispongan de ingresos mínimos que les permitan gestionarse y más en un contexto en el que el trabajo ya no garantiza el proyecto vital.

Manifiestan que esta cuestión no atañe únicamente a los Servicios Sociales, por lo que solicitan al  alcalde que se rebele ante esta normativa y exija a sus superiores del gobierno regional y al propio gobierno de la nación que antes de elaborar decretos como éste, con unas deficiencias tan claras y precisas, que garanticen una financiación suficiente para que los centros de servicios sociales puedan realizar políticas sociales eficaces y sostenibles, lejos de los continuos recortes que han estado sufriendo en los últimos años, incluso anteriores a la crisis, y aborden el tratamiento de la pobreza desde una perspectiva holística e interdisciplinar.

Actualizado (Jueves, 31 de Agosto de 2017 09:24)

 

La concejala de esta formación, Gloria Martín, aseguró que la Administración no puede pretender tener capacidad inspectora y tratar de enmendar sus propios actos, cinco años después de haberse producido la resolución de concesión de la ayuda, saltándose plazos y con formas y procedimientos más que cuestionables

30.08.17 La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha instado al Acalde de Lorca, Fulgencio Gil, a que transmita a los representantes del Gobierno regional que hoy acudirán a la salida de la etapa de la Vuelta ciclista a España, el acuerdo del Pleno Municipal por el que se pide que las inspecciones técnicas a las viviendas afectadas por los terremotos de 2011 y la comprobación de las reparaciones sirvan para el archivo de los expedientes.

Martín lamentó que semanas después de la adopción de dicho acuerdo por parte de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, ni el alcalde ni el presidente autonómico “hayan respirado”. “La oficina de IU-Verdes sigue siendo un hervidero de afectados que claman por una solución”, explicó Martín, quien recordó que la mayoría de las obligaciones de reintegro de las ayudas “han prescrito”. A pesar de ello, la CARM sigue enviando remesas de cartas sin atender a las alegaciones planteadas por los damnificados.

“Nos llegan vecinos que emplearon la totalidad de las ayudas en la reparación de sus casas y aún tuvieron que poner dinero, que han enviado sus facturas y, a pesar de ello, se están viendo obligados al reintegro”, dijo Martín.

La edil de IU-Verdes aseguró que la Administración no puede pretender tener capacidad inspectora y tratar de enmendar sus propios actos, cinco años después de haberse producido la resolución de concesión de la ayuda, “saltándose plazos y con formas y procedimientos más que cuestionables”. “Están modificando resoluciones que datan del año 2011, cuando han tenido tiempo más que suficiente para detectar anomalías en la concesión de las ayudas”. En ese sentido lamentó que en un primer momento “todo fueran buenos propósitos e intenciones hacia los damnificados y que, más de un lustro después, la CARM trate de hacer caja con ciudadanos que han demostrado por activa y por pasiva que han empleado el dinero de las ayudas en la reconstrucción”, aseveró.

Sobre la compatibilidad entre las ayudas de la CARM y las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, Martín recordó que Decreto 68/2011, de 16 de mayo, “únicamente exige a los perceptores la justificación de las primeras y no del dinero que procedía de pólizas de aseguramiento privadas”.

La edil de IU-Verdes aseguró que las familias afectadas por esta problemática “superan el millar” y que su formación política ya ha asesorado a cerca de un centenar. “Se trata de un problema que debe abordarse mediante una solución política que ya fue adoptada por el Pleno Municipal”, dijo Martín. “Es injustificable que el Alcalde y su equipo de Gobierno no hagan valer los acuerdos de los representantes institucionales de los lorquinos y sigan haciéndole el juego a sus jefes de Murcia por la puerta de atrás”, se lamentó.

 

 
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