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Los concejales Pedro Sosa y Gloria Martín han pedido al Alcalde de Lorca que acuda a los tribunales si hace falta, pero que su equipo de Gobierno termine con el encogimiento de hombros. Explicaron que puede existir responsabilidad patrimonial derivada de los daños causados por la mala gestión de los cauces y que existen sentencias que, en otras comunidades autónomas, ya han condenado la mala praxis de la Administración en este sentido

19.11.18 La concejala de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, ha visitado esta tarde a los vecinos de la diputación de Campillo que esta mañana han amanecido con sus viviendas incomunicadas por las inundaciones que ha provocado el episodio de lluvias de los últimos días.

Se trata de dos familias con hijos menores de edad que ni siquiera han podido ir al colegio esta mañana y cuyos padres tampoco han podido cumplir con sus obligaciones laborales porque los terrenos circundantes a sus viviendas estaban completamente anegados.

Martín, que se ha entrevistado con una treintena de vecinos de la zona, ha denunciado que las obras de reparación del camino de Vera, que supusieron la elevación de esta vía por encima del nivel de terrenos y viviendas, ha originado que el agua se enfrente a una barrera artificial y quede estancada afectando gravemente a las propiedades particulares.

Por si fuera poco, la extracción de toneladas de áridos de la rambla de Béjar, situada entre los municipios de Lorca y Puerto Lumbreras, ha supuesto la desviación de su cauce con el consiguiente peligro de inundaciones que afectan, especialmente, a los vecinos de varias pedanías de la huerta. Esta actuación, que contó con licencia municipal, fue autorizada también por la Confederación Hidrográfica del Segura. Martín ha exigido que se revierta esta situación “de manera inmediata” porque sus consecuencias originan “peligro para la seguridad de las personas” y eso “está antes que nada”.

La edil de IU-Verdes ha lamentado también que el Ayuntamiento, con el beneplácito de la Confederación Hidrográfica del Segura, lleve años autorizando obras de construcción que están suponiendo la desaparición de la red de brazales y de drenaje del municipio. “El agua de la lluvia se está quedando sin cauces por los que discurrir, por lo que tiende a buscar salidas naturales, incluso en zonas de llanura, arrasando con lo que encuentra a su paso”, explicó. “Recuperar los cauces originales es fundamental para evitar que viviendas y explotaciones de las pedanías de Campillo y Torrecilla se inunden constantemente en episodios de tormentas”, aseguró.

Martín recordó también que La Ley de Aguas incluye entre los bienes que constituyen el dominio público hidráulico del Estado los cauces de corrientes naturales. Sin embargo, la permisividad del organismo de cuenca, ha dado como resultado que se haya invadido el espacio de los cauces primitivos de las ramblas de Nogalte, Béjar y Torrecilla, haciéndolos desaparecer prácticamente en su totalidad.

Gloria Martín denunció que, transcurridos seis años desde la riada de San Wenceslao, que provocó víctimas mortales y daños multimillonarios en pedanías como Campillo, Torrecilla y Purias, estas zonas siguen siendo “igual o más vulnerables” a una gran avenida y no se prevén soluciones técnicas a corto plazo. Al hilo, recordó que presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, ya ha anunciado que las tres presas de laminación previstas en el Plan de Avenidas para minimizar los efectos de una riada como aquella no empezarán a construirse, en ningún caso, antes del año 2022.

“No queremos más excusas ni que las administraciones se tiren la piedra de un tejado a otro en vez de solucionar esta grave problemática”, dijo Martín, quien aseguró que las actuaciones para garantizar la seguridad de los vecinos de la huerta y terminar con su angustia son “prioritarias”. “Es muy triste que se les haya olvidado que la riada de San San Wenceslao se llevó por delante la vida de seis personas y desposeyó a centenares de todo lo que tenían”, se lamentó.

“Si el Ayuntamiento tiene que acudir a los tribunales para garantizar la seguridad de los vecinos que lo haga, pero no podemos seguir con este encogimiento de hombros y sin plantear soluciones a corto plazo a los afectados”, dijo Martín. En ese sentido explicó que puede existir responsabilidad patrimonial derivada de los daños y perjuicios de estas inundaciones y que existen sentencias que, en otras comunidades autónomas, ya han condenado la “mala gestión” de la Administración respecto a los cauces. “Los vecinos han sido demasiado pacientes y se sienten frustrados porque por la vía diplomática no se está consiguiendo nada”, aseguró.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de IU-Verdes en Lorca, Pedro Sosa, ha exigido al Alcalde de Lorca que permita que una representación de la plataforma de afectados por las inundaciones le acompañe al encuentro que mantendrá próximamente con el presidente de la CHS. “Queremos que los vecinos sean testigos de primer orden de las conversaciones que el Ayuntamiento mantiene con el organismo de cuenca y que tengan voz”, concluyó.

 

 

Exigen que se dé respuesta a las alegaciones al PEPRICH que se presentaron hace un año para su inmediata puesta en marcha

14.11.18. Adoración Peñas, concejala de Izquierda Unida en el ayuntamiento de Lorca, ha demandado esta mañana que se resuelvan las alegaciones que se presentaron por parte de grupos políticos y asociaciones hace una año al Avance del PEPRICH (Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral del Conjunto Histórico Artístico de la Ciudad de Lorca) y su inmediata puesta en marcha para frenar el deterioro de nuestro casco histórico.

Peñas ha señalado que desde se dio a conocer el Avance del PEPRICH en marzo del pasado año, dando un mes para presentar alegaciones a los interesados, ha transcurrido ya un año y medio sin que se les haya dado respuesta a las mismas, mientras que las cornisas de los edificios del casco histórico siguen cayendo y los inmuebles protegidos deteriorándose, y eso pese a la gran cantidad recibida de los fondos BEI para la recuperación de la ciudad.

Desde la óptica del grupo municipal de IU-V, el PEPRICH es necesario, pero para lograr el objetivo de un conjunto histórico-Artístico saneado tenemos que ser rigurosos en la implementación de dos leyes en vigor que son de plena aplicación en este ámbito: la Ley de Patrimonio Histórico Español y la de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, poniendo en marcha todos los mecanismos que se establecen en las mismas, y entre ellos y muy particularmente el de la exigencia a los propietarios a que mantengan en condiciones los inmuebles catalogados, cumpliendo con sus obligaciones inherentes a ello, y expropiando en caso contrario.

Lo que no nos vale, asegura Peñas, es lo que se ha hecho hasta la fecha: rehabilitar con el dinero de todos las casonas y palacetes de unos pocos, sin ningún retorno público para la sociedad lorquina, y sin una evaluación sobre si esa rehabilitación cumple con las exigencias derivadas del grado de protección de cada uno de los inmuebles restaurados.

Por último, para la edil de izquierdas, el Avance debe incorporar las sugerencias, que nos consta que se han realizado, de las asociaciones de defensa del patrimonio cultural de la ciudad; debe además evaluar el grado de cumplimiento del PEPRI que se pretende revisar y ampliar y que fue aprobado formalmente en marzo de 2000; y, sobre todo, debería corregirla injustificada variación, en la inmensa mayoría de los supuestos a la baja, del grado de protección de los inmuebles que hasta la fecha protegía, al menos sobre el papel, el anterior PEPRI. Son 25 los inmuebles que cambian de grado de protección. Uno de ellos pasa del 1 al 3. Tres de ellos pasan del grado 2 al grado 3. Dos pasan del grado 3 a quedarse sin protección alguna, y la mayoría pasan del grado 3 a un nuevo grado, el 4, donde ya se permite todo. Y ello se hace además sin que exista un informe justificativo de la modificación de los grados de protección con respecto al PEPRI anterior.

 

Actualizado (Miércoles, 14 de Noviembre de 2018 12:54)

 
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