IU-Verdes insta a una mejor regulación de las subvenciones municipales

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IU-Verdes reclama más recursos municipales para combatir el absentismo y el fracaso escolar

Consideran insuficientes los medios existentes teniendo en cuenta la extensión del municipio y las...

Consideran insuficientes los medios existentes teniendo en cuenta la extensión del municipio y las tasas de fracaso escolar en la Región de Murcia

19.01.2018. Adoración Peñas, concejala del Grupo Municipal de IU-Verdes de Lorca, ha calificado de insuficientes los recursos que destina tanto la Consejería de Educación como el propio ayuntamiento para combatir el grave problema del absentismo y del fracaso escolar en las aulas de primaria y secundaria.

La edil ha manifestado que los medios existentes son humanos, siendo de carácter municipal el coordinador del programa, una trabajadora social con subvención autonómica, policías locales tutores y otra trabajadora social de servicios sociales municipales encargada de los seguimientos de los programas individuales de intervención (PII).

Además, la Consejería pone a disposición dos trabajadores sociales itinerantes para todos los colegios de primaria y un PTSC (Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad) para cada IES a tiempo completo, excepto en los IES Sierra de la Almenara y Bartolomé Pérez Casas que están a tiempo parcial.

En este sentido, Peñas considera que el número de profesionales es insuficiente teniendo en cuenta la extensión del municipio de Lorca. Como es sabido, las competencias educativas son de la comunidad autónoma, por lo que destinar únicamente dos trabajadores sociales para 32 colegios de infantil y primaria es más que precario; al igual que hacer lo propio con los PTSC en los IES, incluso algunos de ellos a tiempo parcial.

Desde IU-Verdes afirman que tanto los trabajadores sociales como los PTSC son figuras imprescindibles en los programas de prevención del absentismo y el fracaso escolar, ya que, entre otras funciones, se encargan de la detección de situaciones de riesgo socio-educativas y familiares.

Peñas, resalta que la necesidad de intensificar, ampliar y potenciar recursos técnicos y humanos en este programa no solo se fundamenta en la gran extensión municipal ni en el importante número de alumnos de los centros educativos (especialmente los públicos), sino en los datos más que conocidos que alertan sobre la situación educativa en la Región de Murcia.

A este respecto, recuerdan desde IU-Verdes que los alumnos murcianos repiten más cursos que la media española, tanto en primaria como en secundaria, según alerta el último informe del sistema educativo en la región, con datos relativos al curso escolar 2014-15. Incluso recuerdan desde el Consejo Escolar que las sucesivas repeticiones en las distintas etapas provocan que a los 15 años solo el 55% de los alumnos estudien el curso que les corresponde, por encima de la media española.

La edil lamenta la tendencia de los últimos años de degradar la educación pública con múltiples y continuados recortes que afectan profundamente a la calidad de la enseñanza y exige al concejal de educación y al alcalde que pongan los medios necesarios y suficientes para atajar el grave problema del absentismo y del fracaso escolar que tiene consecuencias tan devastadoras para el futuro de los jóvenes.

Actualizado (Viernes, 19 de Enero de 2018 12:19)

 

Gloria Martín, concejala de esta formación, asegura que, según la Ley de Subvenciones, la Comunidad Autónoma disponía de un plazo de un año para resolver y notificar la resolución de los procedimientos de reintegro iniciados en aquella época, y que, sin embargo, “han dado lugar a que pasen casi tres para volver a dirigirse a los afectados”

18.01.18.- La concejala de IU-Verdes, Gloria Martín, ha alertado hoy que los procedimientos de reintegro que la CARM inició en 2014 y 2015 respecto a las ayudas del terremoto y que quedaron sin cerrar en un plazo de 12 meses están “caducados”.

Martín ha informado que muchos de los afectados recibieron una carta en aquella época en la que la CARM notificaba la apertura de un trámite de audiencia al haber detectado “alteraciones” de las circunstancias en la concesión de las ayudas. Concretamente, se informaba a los damnificados que la suma de la indemnización del Consorcio de Compensación de Seguros y la ayuda de la CARM, superaba la tasación de los daños de las viviendas. Por ello, se procedía a iniciar expediente de reintegro de la diferencia entre la ayuda percibida inicialmente y la correspondiente una vez revisado el expediente.

Tal y como establece el artículo 42 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones, en su apartado 4, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución de ese procedimiento de reintegro es de 12 meses desde la fecha de acuerdo de iniciación. Sin embargo, en todos los casos detectados por IU, que suman más de una veintena,  el plazo para resolver ese procedimiento transcurrió sin que se hubiera notificado resolución expresa, por lo que se ha producido su caducidad. “Los afectados han obtenido respuestas a las alegaciones que plantearon en su momento, casi tres años después”, explicó Martín, quien achacó esta circunstancia al “caos y descontrol” en todo el proceso relacionado con las ayudas.

Además, la ley indica que “si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin que se considere interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas”. Es decir, los afectados por este supuesto, pueden alegar la prescripción del derecho de la CARM a reclamar la devolución de las ayudas. En el caso de los vecinos que realizaron las obras de reparación después de recibir la ayuda, dicho plazo es de cuatro años y seis meses desde que finalizó su obligación de justificar las ayudas, esto es, desde que finalizaron las obras, fecha que pueden acreditar con la factura. En el caso de los ciudadanos que rehabilitaron sus casas antes de recibir la ayuda, el plazo para la prescripción es de cuatro años y tres meses, a contar desde la fecha de notificación de la resolución de la ayuda.

No obstante de lo anterior, la concejala de IU-Verdes ha recordado que el decreto que regulaba las subvenciones contemplaba la realización de “informes técnicos” como vía para justificar el empleo de las ayudas en los casos de aquellos vecinos que no conserven las facturas.

Sobre el anuncio del equipo de Gobierno municipal del PP de que se va a contratar a un abogado/a y nueve auxiliares administrativos para reforzar la Oficina del Terremoto, Martín agradeció al Alcalde, Fulgencio Gil, que haya respondido a la petición de Izquierda Unida. Sin embargo, exigió que dichos trabajadores cuenten con experiencia en el ámbito de la tramitación de expedientes y la justificación de ayudas, así como con conocimientos acreditados acerca de la legislación en materia de subvenciones, para que el asesoramiento prestado a los afectados sea el adecuado. “No queremos volver a encontrarnos con vecinos a los que en dicha oficina les dicen que su caso no tiene solución y que tienen que pagar sí o sí, cuando, tras analizarlos nosotros, comprobamos que están prescritos o caducados”, dijo Martín.

Actualizado (Jueves, 18 de Enero de 2018 12:08)

 
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