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Gloria Martín achaca la pésima gestión al empeño de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento en que fueran adjudicadas a empresas del IBEX 35. En vez de diversificar y de facilitar que empresas locales y regionales se hicieran cargo de los proyectos, los poderes públicos han servido al interés de gigantes empresariales, como Ferrovial o Fomento de Construcciones y Contratas, que vinieron al calor del desastre para llevárselo crudo sin hacer nada, porque se han dedicado a subcontratar

10.01.19.- A falta de menos de un año para que concluya la tercera y última prórroga concedida por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para justificar las obras públicas de reconstrucción por los terremotos de 2011, aún no se han invertido 70,4 millones de los 185 del préstamo concedido por dicho organismo.

Lo ha denunciado la concejala de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, que ha recordado que seis años y medio después de que la Comunidad Autónoma suscribiera el crédito con el BEI, 29 de las 79 actuaciones previstas están pendientes de finalización.  Algunas ni siquiera  han comenzado a pesar de que se trata de obras de “gran envergadura”, por lo que desde IU-Lorca temen que  vayan a perder la financiación.

Martín exigió explicaciones al presidente autonómico, Fernando López Miras, y al alcalde Lorca, Fulgencio Gil, sobre el retraso en la materialización de estos proyectos, del que también culpó a sus respectivos antecesores en el cargo. Con datos en la mano, la concejala de IU-Verdes demostró que, por ejemplo, en el año 2018 apenas se ejecutó “un 0,9% del préstamo”. Por anualidades, en 2012 sólo se invirtió un 0,52% de los 185 millones; en 2013 un 7,8%; en 2015 un 0,69%; en 2016 un 7,5%; y en 2017 un 6,5%. El único año en que las inversiones fueron más reseñables fue 2014, año pre electoral, donde se gastó un 18,2% del préstamo. La concejala de IU recordó que, inicialmente, el BEI estableció el 31 de diciembre del año 2016 como fecha límite de finalización de las obras. “Han pedido prórrogas durante tres años consecutivos y ni así son capaces de cumplir los plazos”, se lamentó Martín.

Gloria Martín achacó la pésima gestión de las obras del BEI al empeño de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento en que fueran adjudicadas a empresas del IBEX 35. “En vez de diversificar y de facilitar que empresas locales y regionales se hicieran cargo de los proyectos, los poderes públicos han servido al interés de gigantes empresariales”, aseveró. “Aquí han venido Ferrovial o Fomento de Construcciones y Contratas, al calor del desastre que padecimos, para llevárselo crudo sin hacer nada, porque encima se han dedicado a subcontratar, con la merma que eso supone en las retribuciones de los obreros, que es de dónde sale el beneficio de las empresas que no construyen nada pero se llevan la pasta”.

La edil de IU-Verdes también criticó que 2,2 millones de euros de un préstamo “que se concedió para la  rehabilitación de edificios e infraestructuras afectados por los terremotos de Lorca de mayo de 2011, haya ido a parar a la reparación de carreteras que discurren exclusivamente por los términos municipales de Totana, Puerto Lumbreras, Águilas, Mazarrón y Totana”. Mientras tanto, las obras de renovación urbana del Camino Viejo del Puerto y adyacentes, así como las del casco histórico o el paso bajo ferrocarril en Almendricos “se van a quedar sin hacer”. “Nos gustaría saber qué opina el BEI de que con un dinero que tenía una finalidad muy concreta se hayan reparado carreteras de media Región”.

 

29 actuaciones contrarreloj

En cuanto a los barrios de Lorca, Gloria Martín destacó las de Cristo Rey (2 millones de euros), Jerónimo Santa Fe y adyacentes (2,5 millones), San Antonio (1,2 millones), avenida de Santa Clara (2,7 millones), o avenida de Europa (4,5 millones), como las obras que ni siquiera han comenzado y cuya financiación “está en riesgo”.

Respecto a las carreteras, Martín recordó que están pendientes de ejecución tres de los cuatro tramos de la Ronda Central de Evacuación, cuyo coste total es de 33 millones de euros, de los que al menos tres deberán ser aportados por el Ayuntamiento. Tampoco se ha iniciado la construcción del paso inferior de San Antonio (3,3 millones de euros), ni del viaducto en el tramo de la RM-11 entre Lorca y Águilas (1 millón).

También están pendientes de acondicionamiento de su trazado y ordenación la carretera RM-D17 entre Almendricos y Puerto Lumbreras (6,1 millones de euros), el tramo IV de la RM-C9 que comunica Lorca con Zarzadilla de Totana (2,8 millones), el tramo III de la RM-D7, conocida como la carretera de La Pulgara, y la RM-711 que une el municipio con Caravaca (2 millones).

Por otra parte, tampoco se ha concluido la fase II del recinto ferial de Santa Quiteria (6,9 millones de euros) ni el parque de bomberos de Lorca.

“La mayoría de las obras pendientes tienen un plazo de ejecución de entre 10 y 12 meses. Teniendo en cuenta que algunas están incluso sin licitar, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que no van a poder ser justificadas a tiempo”, advirtió Martín.

 

 

Actualizado (Jueves, 10 de Enero de 2019 12:06)

 

 

La concejala de esta formación, Gloria Martín, recordó que al proceso de adjudicación se presentaron 24 empresas -tres de ellas lorquinas, otras tres murcianas y una cartagenera- y que fue la gallega Construcciones San José quien se llevó el “gato al agua” porque realizó la segunda oferta más económica. La baja de la empresa adjudicataria podría ser temeraria, lo que habría ido en detrimento de los intereses de aquellas que presentaron ofertas que sí estaban ajustadas al proyecto

10.01.19.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes de Lorca, Gloria Martín, ha lamentado que las exigencias de la empresa adjudicataria de las obras del futuro Palacio de Justicia de Lorca, la mercantil gallega Construcciones San José, vayan a ocasionar un sobre coste a las arcas públicas y un retraso considerable para que Lorca cuente con la sede judicial que los vecinos y los profesionales de la Justicia llevan reclamando desde hace décadas.

“Ahora nos cuentan que se va a levantar un acta de suspensión temporal de las obras mientras se tramita el modificado del proyecto porque la empresa se niega a acometerlas en las condiciones pactadas en el contrato”, explicó Martín, quien aseguró que la mercantil “conocía el proyecto y sabía que debía conservar las fachadas”.

Al respecto, señaló que la conservación de la fachada de la calle Selgas fue una condición impuesta por el Ayuntamiento cuando realizó la cesión de los terrenos al Ministerio de Justicia, que tiene la obligación de someterse al Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral en el sector II del conjunto histórico artístico de Lorca (PEPRI), “como cualquier particular”. “No entendemos bien eso de que ahora se vaya a tramitar un modificado del proyecto para que tenga cabida su mantenimiento, porque eso es algo que nunca ha estado en cuestión”. Por ello, Martín ha pedido al Alcalde que aclare sus manifestaciones públicas y exija a Justicia “transparencia” sobre la adjudicación, realizada durante el último mandato del gobierno del PP de Mariano Rajoy.

La concejala de IU también ha reclamado saber cuánto va a costar el modificado del proyecto y por cuánto tiempo va a demorarse el inicio de las obras para dar satisfacción a la mercantil gallega.  Al respecto, lamentó que el Ministerio se haya plegado a los intereses cicateros de una empresa, “a no ser que el proceso de adjudicación fuera una chapuza, en cuyo caso también queremos saberlo”. Martín mostró su extrañeza porque el pliego de prescripciones técnicas del proyecto no esté publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. “Si quieres acceder a esa información tienes que solicitarlo expresamente a la secretaría de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia, algo que ya hemos hecho”. Esta opacidad y falta de transparencia es lo que lleva a IU a pensar que “aquí hay cosas raras”.

Martín recordó que a dicho proceso se presentaron 24 empresas -tres de ellas lorquinas, otras tres murcianas y una cartagenera- y que fue Construcciones San José quien se llevó el “gato al agua” porque realizó la segunda oferta económica más baja  (8.305.331 euros), sobre un presupuesto base de licitación de 10.049.451 euros. Por ese motivo obtuvo 40 puntos en los criterios de adjudicación. Para Martín, la baja que presentó la empresa adjudicataria podría ser “temeraria”, lo que habría ido en detrimento de los intereses de aquellas que presentaron ofertas que sí estaban ajustadas al proyecto.

Por último, Gloria Martín ha mostrado la posición “inamovible” de Izquierda Unida de Lorca respecto a la ubicación del futuro Palacio de Justicia. “Queremos que esté en el casco histórico, tal y como propuso nuestra organización cuando empezaron a barajarse lugares, y que esté en funcionamiento lo antes posible”, recordó.

 
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