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La concejala de esta formación, Gloria Martín, asegura que los afectados son también víctimas de otra aberración del Plan General ya que están obligados a soportar recibos de IBI de más de 5.300 euros sin posibilidad de obtener aprovechamiento alguno de sus terrenos, al tiempo que deben afrontar los gastos de urbanización de la unidad de actuación

21.03.18.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes Gloria Martín ha denunciado que el Ayuntamiento de Lorca ha vulnerado la Ley de Expropiación forzosa al no otorgar compensación económica alguna a los doce propietarios afectados por la ejecución de un vial entre la Glorieta de San Diego y el Huerto de la Rueda. Una actuación incluida en la fase II del proyecto de construcción de la  Ronda Central.

El Pleno Municipal aprobó, con la única oposición de IU-Verdes, la expropiación de sus  terrenos por el procedimiento de ocupación directa, una fórmula muy rentable para la Administración pero que sitúa en desventaja  a los particulares, quienes no son indemnizados por el valor del suelo, como sucede en la expropiación forzosa. A cambio, se les reconoce aprovechamiento urbanístico en una unidad de actuación, de iniciativa privada, para lo que contraen la responsabilidad de su ejecución asumiendo sus costes. Es decir, no sólo son expropiados sin percibir ni un euro, sino que además son obligados a financiar los gastos de urbanización de dicha unidad de actuación mediante el desembolso de en torno a los 100.000 euros en el caso de algunos afectados.

Por un lado, Martín recordó que el artículo 226 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, expresa claramente que los propietarios afectados por estas ocupaciones sí tienen derecho a indemnización por la ocupación temporal de sus terrenos en los términos establecidos en la legislación del Estado. Es decir, deben ser compensados por el período de tiempo que medie desde la ocupación de los mismos hasta la aprobación definitiva del instrumento por el que se les adjudique otros de valor equivalente. Una indemnización contemplada en el artículo 112 de la Ley de Expropiación Forzosa que el Ayuntamiento ha incumplido flagrantemente.  Al respecto, la edil de IU-Verdes aseguró que, al tratarse de un pago en especie,  el sistema de ocupación directa sólo debería aplicarse de común acuerdo con los propietarios, como sucede en otras comunidades autónomas como Andalucía o la valenciana. Martín exigió el pago de esa indemnización en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional que relaciona las “garantías mínimas” de los afectados por el procedimiento de ocupación directa (Sentencia TC 183/2013, de 23 de octubre de 2013).

Por otro lado, desde la aprobación del vigente Plan General en 2003,  la totalidad de los terrenos de esta unidad de actuación (UA 68), clasificada como suelo urbano consolidado, es considerada “de equipamiento privado”. Esto limita enormemente el aprovechamiento del suelo mientras obliga a sus propietarios a soportar enormes cargas impositivas y todos los gastos de urbanización. Al respecto, Martín señaló que hay afectados que están pagando más de 5.300 euros anuales en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles por parcelas de poco más de 4.000 m2 en las que no se les permite construir, por lo que tienen difícil salida en el mercado inmobiliario ya que, además, su superficie es bastante limitada (18.470 m2).

Para Martín, se trata de otra “aberración” más del PGOM y aseguró que el Ayuntamiento debía haber  procedido a  su expropiación –y consiguiente indemnización a los afectados– en vez de establecer un sistema de compensación por el que los propietarios asumen todas las obligaciones y costes sin obtener beneficio alguno, mediante una recalificación de suelo que ellos jamás pidieron.

Por todo ello, Martín pidió que se modifique el Plan General de manera que se permita edificar a los propietarios o que, de lo contrario, el Ayuntamiento otorgue a las parcelas uso de equipamiento público, proceda a su expropiación e indemnice a los afectados. En ese sentido, recordó que la concejala de Urbanismo del PP, Saturnina Martínez, ha reconocido recientemente un nuevo error en el Plan General, concretamente en la unidad de actuación 55, y se ha comprometido a subsanarlo mediante una modificación no estructural del Plan que permitirá a los afectados recuperar la capacidad edificatoria.

 

 

Aseguran que miles de familias en el municipio necesitan este recurso que se viene realizando en diferentes municipios de la Región desde hace años

16.03.2018.  Adoración Peñas, concejala de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, denuncia que la partida de becas comedor se mantenga congelada para el curso 2018-19 (3,8 millones de euros) cuyo plazo de solicitud ha expirado hace apenas una semana e insiste en la necesidad de ampliarlas, así como de abrir comedores escolares durante los meses de verano.

La consejera ha reconocido que la partida para estas becas se mantiene igual a la del año pasado, en 3,8 millones de euros, una cuestión independiente a las ayudas para libros.

Según la Consejería, esta partida permitirá otorgar 5.000 becas de comedor, y otros 1.000 alumnos se verán beneficiados de ayudas al transporte escolar y comedor, por lo que la cifra de alumnos se acerca a 6.000, una cifra a todas luces insuficiente para la edil, ya que solo en el municipio de Lorca, existen centros como el San Cristóbal con más de 600 alumnos, en el que un alto porcentaje de los mismos necesitan ayudas para comedor escolar con el fin de garantizar que tengan, al menos, una comida al día en condiciones.

Peñas advierte que es necesario contextualizar el importe de las ayudas concedidas con el entorno y manifiesta que, para poder ser perceptor de la ayuda, una familia de 8 miembros no puede tener ingresos brutos mayores a 1.033 euros mensuales.

No en vano, Peñas recuerda que, según los datos ofrecidos por el último informe de UNICEF, El 40% de la población infantil de la Región de Murcia, o lo que es lo mismo, 120.000 niños en la Región están en riesgo de pobreza o exclusión, lo que supone una estimación de unos 8.400 menores lorquinos, al extrapolar los datos demográficos, ya que la población lorquina representa casi un 7% de la población total de la Región.

La edil califica de dramática la situación, que se viene repitiendo desde los años más duros de la crisis económica, y pide actuar de manera prioritaria, exigiendo al consistorio lorquino que reclame medidas urgentes ante la administración y el gobierno regional como como la realización de informes de forma periódica que permitan conocer la situación de la infancia, creando un Observatorio dedicado a la infancia; y por supuesto, invertir más dinero y recursos públicos en políticas dedicadas a los menores.

En este sentido, desde IU-Verdes aseguran que los gobiernos regional y local, ambos del PP, miren hacia otro lado y hagan la vista gorda ante situaciones tan lamentables y dramáticas y lamentan que en Lorca se nieguen sistemáticamente a la apertura de los comedores escolares en vacaciones, tal y como ha quedado demostrado en esta legislatura en la que IU-Verdes viene haciendo esta petición (siempre rechazada por el equipo de gobierno) desde 2015.

“Con la infancia no se juega” ha dicho Peñas, quien ha vuelto a insistir en la necesidad de apertura de dichos comedores, especialmente en aquellos centros escolares donde la situación generalizada de las familias es más precaria y vulnerable, más aún teniendo en cuenta que las ayudas durante el curso son muy escasas, que muchas familias se quedan fuera por los bajísimos umbrales económicos establecidos y que la comida del mediodía es la única decente al día a la que aspiran miles de niños y niñas en nuestro municipio.

 

Actualizado (Viernes, 16 de Marzo de 2018 13:02)

 
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