IU preguntará en Pleno por dos roturaciones que afectan a espacios naturales de Lorca

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IU exige la aplicación de la prescripción a los expedientes de devolución de ayudas de los terremotos

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La concejala de esta formación, Gloria Martín, denuncia que la mercantil gallega ‘Constructora San José, S.A’, ha agotado ocho de los 24 meses de los que dispone para la ejecución de los trabajos y lamenta que las acuciantes necesidades del municipio en materia judicial dependan del interés de una empresa que quiere arrasar con el patrimonio histórico de los lorquinos para abaratar costes y ampliar su margen de beneficio

 

08.01.19.- La concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, ha exigido el cumplimiento del acuerdo de Pleno del pasado noviembre por el que, de manera unánime, la Corporación municipal instaba al Ministerio de Justicia al inicio “inmediato” de las obras del Palacio de Justicia de Lorca.

Martín ha reclamado que la mercantil con sede en Pontevedra ‘Constructora San José, S.A’., “cumpla con el contrato suscrito con la Subsecretaría del Ministerio de Justicia e inicie los trabajos. En ese sentido, Martín ha alertado que la empresa adjudicataria ha agotado ya ocho de los 24 meses de los que dispone para su ejecución, que tienen un presupuesto de licitación de 8 millones de euros y son necesarios para poner fin a la dispersión de sedes judiciales en el municipio. “Las instalaciones actuales son insuficientes, obsoletas y, en algún caso, resultan inaccesibles para personas con movilidad reducida”, dijo Martín, quien aseguró que las necesidades de los lorquinos en materia judicial no pueden depender del interés de una determinada empresa.

Martín ha mostrado el rechazo de su formación política a la demolición de la fachada del siglo XIX de la calle Selgas -incluida en la parcela que albergará el futuro palacio de Justicia- que cuenta con un grado de protección 3 en el vigente Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral en el sector II del conjunto histórico artístico de Lorca (PEPRI). Ello obliga a su conservación, algo que además está contemplado en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto. La edil de IU ha recordado que, sólo en 2016, el Ayuntamiento invirtió 118.500 euros para garantizar la estabilidad de la fachada y preservar los elementos que cuentan con protección cultural, por lo que la adjudicataria no puede pretender “tirar esa inversión por la borda y arrasar con parte del patrimonio histórico de los lorquinos sólo para abaratar costes y ampliar su margen de beneficio”, aseveró Martín.

“La empresa adjudicataria debía conocer perfectamente los pormenores del proyecto cuando decidió participar en el proceso de licitación, si no fue capaz de trasladarse a Lorca para interesarse por el estado de la parcela y ahora no le salen las cuentas es su problema, pero no puede seguir obstaculizando la construcción del palacio de Justicia”, señaló Martín. “No sabemos cuántas empresas de construcción lorquinas trabajan en Galicia, pero estamos cansados de que las grandes obras de nuestro municipio las realicen empresas foráneas, que no crean empleo en Lorca y que incluso están imputadas en casos de corrupción, por lo que deberían estar invalidadas para concurrir a concursos públicos”, sentenció Martín.

La edil ha lamentado también que, a pesar de ser una obra de gran presupuesto y envergadura, el Ministerio de Justicia no contemplase en el contrato plazos parciales de ejecución, por lo que ahora no puede aplicar penalizaciones por incumplimiento grave o muy grave de las obligaciones de la adjudicataria. “En virtud de la Ley de Contratos del Sector Público, la Administración podría estar imponiendo hasta 1.600 euros diarios de penalización por incumplimiento de un plazo parcial de ejecución”, dijo Martín. Sin embargo, al no contemplarlo en el pliego de cláusulas administrativas, la empresa adjudicataria “se está yendo de rositas”. Una mercantil –recordó- imputada junto a otras siete constructoras por un juzgado de Murcia por el presunto desfalco de hasta 60 millones de euros en la construcción de varios tramos del AVE a la Región. Al respecto, Martín tildó de “irresponsable” que un contrato público de ocho millones de euros no contemple las garantías necesarias para asegurar la correcta ejecución de la obra y que sí se exigen a las pequeñas empresas que optan a cualquier proceso de licitación.

Nueva pregunta al Gobierno

Por otra parte, Martín ha informado que el diputado nacional de Izquierda Unida, Ricardo Sixto, ha vuelto a preguntar por escrito al Gobierno de España sobre el retraso de unas obras “que los lorquinos llevan esperando más de 30 años”. Sixto pide conocer “los problemas técnicos o deficiencias en el proyecto que justifiquen su paralización, la fecha de reanudación de los trabajos así como la de entrada en funcionamiento del nuevo edificio”. La pregunta fue registrada en la Mesa del Congreso el pasado 29 de noviembre y aún no ha sido contestada, algo para lo que el Gobierno tiene de plazo hasta el 13 de febrero, según el Reglamento de las Cortes Generales.

 

Actualizado (Martes, 08 de Enero de 2019 12:25)

 

 

La concejala de esta formación, Gloria Martín, también ha pedido al Delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Diego Conesa, que el Estado condone la parte de sus intereses, que es una de las causas principales por la que se están produciendo los embargos. Ha asegurado que las consecuencias económicas y familiares para los afectados están siendo terribles

20.12.18.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes en Lorca, Gloria Martín, ha pedido la convocatoria “urgente” de la Comisión Mixta, con el fin de que este órgano estudie los expedientes amenazados de embargo y que puedan acogerse a la modalidad de cuenta justificativa simplificada que establece la Ley 8/2018, de 23 de julio, de ayudas de Lorca. Martín recordó que la Comisión debería haberse vuelto a reunir a finales de noviembre. “Quizá un retraso de cuatro semanas no sea nada para sus integrantes, pero para los afectados es la diferencia entre que les llegue un embargo o no”, ha dicho Martín.

La edil de IU-Verdes ha recordado que el artículo 2 de esta ley establece que será de aplicación “a todos los expedientes de justificación de las ayudas percibidas para la reparación de viviendas que se encuentren en tramitación y no hayan prescrito”. Sin embargo, la Administración no está permitiendo que se acojan a ella los afectados que percibieron ayuda pública e indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros cuya suma excede la valoración de daños realizada por los peritos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

El Decreto 68/2011, de 16 de mayo, por el que se regulan las ayudas para la reparación y reconstrucción de las viviendas afectadas por los terremotos de Lorca establece que el importe de las ayudas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, “aisladamente o en concurrencia con otras ayudas o indemnizaciones, supere el coste real de las obras”.  “Entendemos que el tope de gasto para poder justificar las cantidades percibidas debe estar relacionado con el valor real de las obras y no con el límite que establecieron los peritos”, cuyas tasaciones se hicieron a los pocos días de los seísmos y no tuvieron en cuenta los daños que fueron apareciendo después con el asentamiento de los terrenos. En ese sentido, Martín ha recordado que ése fue el compromiso adquirido con el Consejero de Fomento, Patricio Valverde.

Los afectados por esta situación están recibiendo providencias de apremio por parte de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia sin que ni siquiera se hayan resuelto los recursos de reposición a las órdenes de reintegro emitidas por la Consejería de Fomento, lo que les está ocasionando “una terrible indefensión”.

“Creemos que quienes se encuentran en esta situación están también en disposición de acogerse a la Ley 8/2018, y pedimos que, mientras tanto, se paralicen todos los procedimientos de apremio mediante la notificación de su suspensión hasta que se resuelvan los expedientes”, ha concluido Martín.

 

Sin Reyes Magos en las casas de algunos afectados

 

Gloria Martín, también ha pedido al Delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Diego Conesa, que el Estado condone de una vez la parte de sus intereses, que es una de las causas principales por la que se están produciendo los embargos. “El Gobierno de España es corresponsable de estas ayudas y será quien se beneficie, lo haya exigido o no, de los intereses de demora abusivos que se está cobrando a los afectados”, dijo Martín, por lo que exigió que salga de la “inacción” y “mueva ficha”.

“Los afectados están hartos de que Comunidad Autónoma y Estado se tiren los trastos a la cabeza, porque la única realidad es que, unos por incompetencia y otros por desidia, han canjeado la solidaridad por créditos a un precio mayor del que hubieran puesto los bancos”, dijo Martín. Y es que, por ejemplo, ayudas de 700 euros se han convertido en deudas de más de 2.000 tras la aplicación de intereses y recargos. “Al final las ayudas han servido para que las Administraciones terminen haciendo caja”, aseguró.

 



La edil de IU ha explicado que las consecuencias económicas y familiares para los afectados amenazados por embargo están siendo “terribles”. En ese sentido se refirió al caso de Dolores, una víctima del terremoto de 80 años, analfabeta y con un hijo con discapacidad a su cargo, que renunció a la ayuda incluso antes de que se la ingresaran en el banco y a la que Hacienda ha amenazado con el embargo de su pensión, a pesar de no llegar al mínimo establecido por el Salario Mínimo Interprofesional.

No es el único caso. Hay afectados pidiendo créditos o dinero a sus familiares para devolver ayudas y penalizaciones. Otros han tenido que explicarles a sus hijos pequeños que este año los Reyes Magos no podrán pasar por casa. “Estamos desolados y con el corazón roto por el drama que están sufriendo estas familias y sólo queremos que acabe esta pesadilla para que recuperen la normalidad en sus vidas”, concluyó Martín.

 

Actualizado (Jueves, 20 de Diciembre de 2018 11:38)

 
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