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Gloria Martín anunció que Izquierda Unida-Verdes elevará una moción al primer Pleno municipal del presente mandato corporativo para exigir la modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal y la suspensión de licencias de edificación, tanto de obra nueva como de ampliación o reforma sustancial, de explotaciones de ganadería intensiva en todo el término municipal de Lorca

19.06.19.- Apenas una semana después de que la concejala de Izquierda Unida-Verdes Lorca, Gloria Martín, denunciara la intención de construir dos macrocebaderos de porcino en la pedanía de Doña Inés (177 habitantes), esta mañana, vecinos de la diputación vecina de Avilés (286 habitantes) han alertado de la concesión de una licencia de actividad para otra explotación de ganado porcino de cebo de 2.000 plazas.

El cebadero estará ubicado en el paraje del Bancal Viejo, a 98 metros de la zona del policía de la rambla de Avilés (la legislación obliga a que la zona de policía comprenda cien metros desde el Dominio Público Hidráulico). Además, requerirá forzosamente la apertura de un pozo de agua para el abastecimiento de los animales y la limpieza de las instalaciones, del que “desconocemos si cuenta con autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura”, ha dicho Martín.

Al respecto, la concejala de Izquierda Unida-Verdes recordó que un cebadero de esas características consume en torno a 22.000 litros de agua al día, el equivalente a llenar, diariamente, una piscina de 6 x 5 m y una profundidad de dos metros. “Se está poniendo en riesgo la pervivencia del acuífero, al margen de la contaminación del suelo y del subsuelo”, advirtió Martín.

Se da la circunstancia de que las Tierras Altas de Lorca son deficitarias en recursos hídricos para su agricultura de secano y ecológica. “No tiene sentido que se le niegue el agua a agricultores de la zona, que desarrollan una actividad sostenible y respetuosa con el medio ambiente, para beneficiar a empresas de fuera de los pueblos que vienen a esquilmar sus recursos naturales para hacerse cada vez más ricas”, sentenció Martín.

Por ello, Martín consideró “un disparate” que la actividad cuente con informes favorables de las direcciones generales de Regadíos y Desarrollo Rural y la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agricultura y Agua del Gobierno regional.

Esta explotación también hará inviable la apertura de un establecimiento de hospedería rural, construido en 2011, antes de la tramitación de la licencia del cebadero, y que estaba previsto inaugurar después del verano. “Ningún turista en su sano juicio contrataría el alquiler de una casa rural situada a menos de 200 metros de una nave de 2.000 cerdos y su correspondiente balsa de purines”, explicó Martín. Al respecto, la edil recordó el daño que este tipo de macro explotaciones hacen a la supervivencia de la agricultura ecológica y de secano, a la diversificación económica, a la lucha contra la despoblación y al medio ambiente.

En este sentido, Martín anunció que Izquierda Unida-Verdes elevará una moción al primer Pleno municipal del presente mandato corporativo para exigir la modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal y la suspensión de licencias de edificación, tanto de obra nueva como de ampliación o reforma sustancial, de explotaciones de ganadería intensiva en todo el término municipal de Lorca. “Es el momento de frenar este dislate, pararnos a pensar en qué tipo de economía y de ordenación queremos para los pueblos de nuestro municipio, y que los diferentes grupos políticos se retraten”, concluyó.

 

Gloria Martín, ha explicado que existen indicios de que Yolanda Muñoz está dictando órdenes injustas y contrarias a la ley y a informes de los servicios jurídicos de tres Administraciones públicas

18.06.19.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes en Lorca, Gloria Martín, ha presentado en la Fiscalía de la Región de Murcia una denuncia por un posible delito de prevaricación contra la secretaria de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia, Yolanda Muñoz.

Martín ha explicado que existen indicios de que Muñoz está dictando órdenes “injustas y contrarias a la ley” en el caso de la devolución de las ayudas de los afectados por los terremotos de 2011 en Lorca. Concretamente, la edil de IU-Verdes ha hecho alusión a órdenes de la secretaria de Fomento por la que ésta desestima recursos de reposición planteados por los afectados, en los que éstos solicitan acogerse a la prescripción del derecho de la CARM a exigir el reintegro de las ayudas.

Muñoz es conocedora de los informes de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Lorca, de la propia Comunidad Autónoma –aunque éste nunca ha sido facilitado a los afectados–  y de la Abogacía del Estado que dictaminan, tal y como recoge el artículo 10.3 del Decreto 68/2011, que el cómputo de cuatro años para la prescripción se inicia “cuando finaliza el plazo de justificación de las obras” que tenían los beneficiarios de las ayudas. Es decir, desde el momento de la finalización de los trabajos, los afectados tenían un plazo de justificación de seis meses,  y a partir de ese momento comenzarían a contar los cuatro años de la prescripción. Sin embargo, Muñoz no tiene en cuenta esa fecha, sino que computa los 12 meses completos que el beneficiario de la ayuda tenía para afrontar las obras, los agotase o no.

El criterio defendido por la plataforma de afectados y por las Administraciones sí está siendo aplicado en las órdenes dictadas por otros cargos de la Consejería de Fomento pero no por Muñoz, “que insiste en aplicar una fórmula general que no tiene en cuenta cuando se realizaron las obras ni cuando venció el plazo para justificar el empleo de la ayuda, lo que va en detrimento de la legislación y del interés de los afectados”, dijo Martín.

“Muñoz no puede aplicar un criterio distinto al de su propio departamento para determinar los plazos de prescripción”, explicó la concejala de IU-Verdes, “y mucho menos cuando éstos son contrarios a la Ley y a los informes jurídicos de tres administraciones públicas, que además son conocidos por ella, como ha admitido públicamente”, recordó.

Martín ha señalado que su decisión de plantear la denuncia en la Fiscalía obedece al empeño de Muñoz de “no entrar en razón” e insistir en el “abuso de su autoridad” a pesar de las múltiples advertencias que han hecho desde la plataforma de afectados y desde su formación política. “Ella sabe que desestimando esos recursos con argumentos contrarios a la normativa, a los afectados no les queda más remedio que acudir a los juzgados cuando ni siquiera les queda dinero para pagar a un abogado porque el reintegro de estas ayudas y sus intereses y recargos ha supuesto la ruina económica familiar para los damnificados”, concluyó Gloria Martín.

 
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