Gloria Martín, presentará una moción al próximo pleno de enero en la que se reclamará que el municipio se adhiera a la red de ciudades que ya usan energías renovables para su abastecimiento y la derogación del “impuesto al sol”

20.01.17. La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, defenderá en el próximo Pleno Municipal que el Ayuntamiento de Lorca realice un estudio de viabilidad para el establecimiento de un acuerdo marco de suministro  de electricidad 100% renovable.

Martín ha explicado que, a falta de un mayor impulso del Gobierno central, la transición energética se extiende por los municipios y cada vez más y mayores ayuntamientos españoles apuestan por contratar electricidad de origen 100% renovable para su alumbrado público y sus edificios. Más de 700 municipios españoles con una población estimada que supera de largo los 12 millones de habitantes (más de una cuarta parte del total de toda España) ya han contratado a comercializadoras certificadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a través de un sistema de garantía de origen que acredita la procedencia 'verde' de la energía que compran esas empresas en el mercado para venderla a sus clientes.

Según Martín, con ello se pretende  abordar la cada vez mayor preocupación ciudadana que se está produciendo por los altos costes sociales, ya que se van haciendo cada vez más elevados, así como los costes medioambientales asociados a la energía convencional, a la energía nuclear y a los combustibles fósiles. Las energías limpias, como su propio nombre indica, no dañan el medio ambiente. Por un lado, no provocan la emisión de gases contaminantes a la atmósfera o, en su defecto, las emisiones son mínimas. Por tanto, no contribuyen a efectos como el cambio climático, el calentamiento global o el agujero de la capa de ozono, algunos de los principales problemas medioambientales de la actualidad.

Martín, pedirá en la misma moción que el Ayuntamiento inste al Gobierno de España a la derogación del Real Decreto 900/2015 -el conocido como “impuesto al sol”-, que afecta a un millar de familias lorquinas, y que el Ejecutivo central revierta los recortes a las energías renovables. En este último caso, 2.000 pequeños productores lorquinos de energía solar, la mayoría agricultores, se encuentran asfixiados tras invertir los ahorros de su vida o hipotecarse en la construcción de huertos solares. Lo hicieron animados por la intensa campaña de promoción realizada por el Ministerio de Industria y por las garantías que ofrecía el Gobierno de España que, posteriormente, recortó las ayudas con efecto retroactivo. Ello ha obligado a los afectados a renegociar los créditos que suscribieron con los bancos, pasando de un periodo de amortización de diez a veinte años, prácticamente la vida útil de las instalaciones.

 
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