Sosa pide también una ampliación de los plazos de alegaciones ante el Ministerio de Fomento

02.03.18. El próximo 13 de marzo acaba el plazo de presentación de alegaciones para los propietarios de las 535 fincas ubicadas en Lorca y sujetas a expropiación por el Proyecto de Construcción de Plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia–Almería. Tramo: Lorca-Pulpí. Más de la mitad de las 923 parcelas afectadas corresponden a Lorca, el resto se reparten entre los municipios de Puerto Lumbreras y Pulpí.

El Portavoz municipal de IU-Verdes de Lorca ha pedido esta mañana al Alcalde de la localidad que no deje a este amplio conjunto de vecinos afectados por las expropiaciones “a los pies de los caballos”. Y, concretamente, ha exigido al mismo dos cuestiones: la primera, debida a la complejidad del asunto, una ampliación generosa de los plazos para presentar alegaciones, y, derivada de esa misma complejidad, la habilitación inmediata de una Oficina Municipal de Asesoramiento que, más allá de enseñar el proyecto de ADIF, asesore técnica y jurídicamente a los afectados.

Sosa afirma que el procedimiento de expropiación que ahora se inicia puede afectar a cerca de 600 familias en unas zonas de Lorca como son la Torrecilla, Campillo, Sutullena, etc., con muchos vecinos que adquirieron las propiedades susceptibles de expropiación tras años de sacrificio y trabajo como emigrantes en Francia y en otros lugares, y por las que, según los precedentes que estamos viendo en otros lugares, el gobierno de España va a intentar pagar cantidades miserables.

Se va a tratar de expropiaciones que en muchos casos son parciales, que supondrán un demerito y una evidente depreciación del valor de la parte de las fincas o parcelas que no se expropien, que hará inviables determinadas explotaciones agrícolas y ganaderas, que podrá conllevar la pérdida de derechos de construcción de viviendas si, como algunos casos que ya nos han llegado, la parte de parcela no expropiada no contase con los metros suficientes establecidos en la norma urbanística. A eso se añaden problemas de propiedad, de registro, de catalogación de fincas de secano que actualmente están en regadío, de generación de ruidos que exigen la colocación de pantallas acústicas, etc.

Toda esta ingente cantidad de problemas requiere el concurso y la contratación de expertos, abogados, tasadores, ingenieros, etc., cuyos honorarios podrían suponer un gasto considerable añadido a los afectados si, como suele suceder, no se llega a un acuerdo inicial con ADIF y hay que ir al Jurado Provincial de Expropiación con una “hoja de aprecio” fundamentada técnicamente, o si, aún más costoso, se tiene que recurrir a los tribunales de justicia.

Sosa ha puesto como ejemplo el de una expropiación en el tramo previo de Murcia en la que ADIF pretendía indemnizar con 218.800 euros a los propietarios de una finca en explotación, que finalmente han cobrado 1,3 millones de euros tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que multiplicó por seis el valor inicial que pretendía el gobierno.

Por ello es imprescindible que el Ayuntamiento de Lorca no abandone a sus vecinos, se ponga a trabajar desde ya en este asunto, y habilite cuanto antes esa Oficina, poniendo al frente a personas cualificadas.

Sosa ha manifestado que, gracias a una iniciativa impulsada por IU en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, el gobierno local de la vecina población ya ha creado esa Oficina y ya está asesorando a sus vecinos, y ello pese a tratarse de una administración más pequeña, con menos recursos y con menos afectados por las expropiaciones.

 
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