La concejala de IU-Verdes y coordinadora de la plataforma de afectados, Gloria Martín, pide que, en base a este nuevo informe, la CARM determine de oficio qué expedientes han prescrito, proceda a su archivo y a la comunicación a los interesados

9.11.18.- La Abogacía del Estado en Murcia ha emitido un informe sobre el plazo de que dispone la Administración para solicitar la devolución de las ayudas concedidas con ocasión de los terremotos de mayo de 2011 y que da la razón a la Plataforma de afectados. Ésta sostiene que, en la mayoría de casos, el derecho de la CARM para exigir el reintegro de las ayudas ha prescrito.

El informe, que fue hecho público anoche en una nueva asamblea de la plataforma por el Delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Diego Conesa, determina que “una vez transcurridos seis meses desde la finalización de las obras”, comienzan a contar los cuatro años para la prescripción. La comprobación del transcurso de dicho plazo, por tanto, pasa necesariamente por el análisis de cada expediente, que tendrá en cuenta la fecha de fin de las obras.

Por el contrario, y hasta el momento, la CARM aplica un plazo general de un año completo (el tiempo que tenían los afectados para realizar los trabajos de rehabilitación, lo hubieran agotado o no), más los seis meses de justificación y, después, los cuatro años para la prescripción.

El cómputo de la CARM no tiene en cuenta, por ejemplo, la situación de los afectados que realizaron las obras antes de la concesión de la ayuda, un supuesto que sí está previsto en los Decretos que regulan estas subvenciones. En ese caso, según la Abogacía del Estado, el plazo para el cálculo de la prescripción comenzaría a computar “pasados tres meses desde la notificación de la Resolución de la concesión de la ayuda”.

La Abogacía del Estado establece, así, los mismos criterios defendidos por la plataforma, por juristas de reconocido prestigio consultados por ésta, y también por los propios servicios jurídicos del Ayuntamiento de Lorca.

Al respecto, la concejala de Izquierda Unida-Verdes de Lorca, Gloria Martín, se ha puesto en contacto a primera hora de hoy con el Alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, para que el Consistorio inste a la CARM a modificar su particular criterio y aplique el defendido por la Abogacía del Estado y el Ayuntamiento, algo que hará personalmente el primer edil.

“Creemos que el modo más sencillo de resolver esta cuestión es que, en base a este informe, la CARM determine de oficio qué expedientes han prescrito, proceda a su archivo y a la comunicación a los interesados”, ha dicho Martín. Una idea en la que también coincide el secretario general de los socialistas lorquinos, Diego José Mateos, presente también en la asamblea de ayer y al que Martín agradeció las gestiones hechas con la Delegación del Gobierno. La concejala del PP, Saturnina Martínez, que también acudió a la reunión, mostró igualmente su interés de que “todos vayamos a una” para concluir el proceso.

Ayudas al alquiler e intereses del Estado

Respecto a la reclamación de la parte estatal de los intereses de demora (la CARM condonó la suya a los afectados), Martín le explicó al Delegado del Gobierno que algunos vecinos tienen ya providencias de apremio que advierten de un próximo embargo por esta cuestión. Conesa recordó que es la CARM la Administración que se encarga de la tramitación de las ayudas y que “el Estado no ha dado instrucciones de que se le exija nada a los afectados”.

Martín recomienda a quienes se encuentran esta situación (son personas que devolvieron las ayudas y que sólo están pendientes de los intereses del Estado) que presenten un recurso a las providencias de apremio para “ganar tiempo” hasta que prospere la proposición de Ley presentada esta semana por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, al objeto de que el Gobierno de España también condone su parte de los intereses de las ayudas del terremoto. En este sentido, la edil de IU-Verdes recordó que estos intereses no son achacables a los afectados “que no tienen ninguna culpa de que la Administración regional se haya demorado años en la tramitación administrativa de los expedientes”.

Respecto a las ayudas por el alquiler contempladas en la prórroga del convenio entre el Ministerio del Interior y el Gobierno de la Región de Murcia, Martín advirtió a Conesa de que dicho documento, que establece un tope de 72 meses de ayudas por este concepto, contraviene lo dispuesto en el Real Decreto-ley 6/2011. Según esta norma, las ayudas al alquiler para personas que tuvieron que afrontar la demolición de su vivienda habitual, “son prorrogables hasta que sea posible la reconstrucción de la vivienda o la disposición de una nueva”. El Delegado del Gobierno se interesó por esta cuestión y se comprometió a tratar de resolverla en el seno de la Comisión Mixta.

Gloria Martín trasladó la “satisfacción” de los integrantes de la plataforma que, “poco a poco y a base de mucha determinación, van viendo el principio del fin de esta pesadilla”, pero lamentó “que mucha gente vaya a quedarse en el camino” porque desde el principio no contaron con un buen asesoramiento y se vieron forzados a devolver las ayudas. “Hay que mirar al frente pero debemos tomar nota de los errores cometidos para que esto no vuelva a suceder”, concluyó.

 
buy Dapoxetine