Pocas cuestiones resultan tan cruciales en tiempos de crisis como la política social, sin duda la otra cara de la moneda junto con la política económica.

Tras las dos grandes guerras mundiales, una Europa destruida tuvo que resurgir de las cenizas, construyendo un Estado del Bienestar que cubriera las deficiencias de una población aniquilada, y ante el "peligro" de que sus trabajadores orientaran su vista a modelos sociopolíticos alternativos al capitalismo.

Desde entonces, su mantenimiento y ampliación se ha convertido en todo un reto. Disponer de un sistema público de servicios sociales (pilar fundamental del Estado del Bienestar junto con la educación y la sanidad) que atienda las necesidades de las personas, especialmente de las más vulnerables, no ha sido un lujo prescindible, sino un derecho fundamental ligado al progreso y al espíritu de mejora inherente a la condición humana.

La cuestión no es que se recorten o eliminen determinadas prestaciones o ayudas. Por ello, hay que realizar un planteamiento integral y global. Estamos asistiendo a un desmantelamiento del sistema de servicios sociales, mucho más agudo en nuestra región, donde el gobierno ultraliberal más radical está destrozando todo lo conseguido durante décadas.

La política social nunca ha sido valorada socialmente con todo el rigor que merece, lo demuestran los constantes recortes en los presupuestos públicos de la última década. Esto, unido al empeoramiento de las condiciones de vida y al alarmante aumento de las bolsas de pobreza y exclusión, debería replantear la importancia de la política social en el momento en el que es más necesaria.

Lejos de este punto, los ciudadanos sufrimos las consecuencias de un gobierno insensible, sin escrúpulos, que siguiendo órdenes del capital, no duda en dejar sin teleasistencia a un anciano enfermo que vive solo, en quitar las becas de comedor escolar a miles de niños que solo podían disfrutar de esa comida caliente al día, o de fulminar los derechos adquiridos legalmente por los dependientes o sus cuidadores, mientras que rescata bancos o autopistas.

Tal vez estas personas, o las más de 8.000 que en esta región podrían recibir una renta básica de inserción por no disponer de recursos para su subsistencia  han vivido por encima de sus posibilidades y  merecen pagar con crueldad  las peores consecuencias de la crisis. O tal vez los ciudadanos necesitamos otros gobiernos que crean en la importancia de consolidar un sistema público de servicios sociales para todos, especialmente para los más vulnerables, lejos de preceptos neoliberales que insisten en repetir los errores de la historia.

Lo que realmente se requiere es una apuesta por los valores intrínsecos de la política social, que no tienen nada que ver con el asistencialismo, la beneficencia y la caridad de tiempos franquistas a la que pretenden hacernos volver.

Por último, no necesitamos una reforma de la administración local que termine de desmantelar lo que queda de un sistema público de servicios sociales que ha prestado atención profesionalizada durante tres décadas, desprotegiendo por todos los flancos a una población empobrecida, asustada y hambrienta, sino un refuerzo de éste en un momento crucial en el que resulta imprescindible.

 

Adoración Peñas, responsable de Política Social de IU-Verdes en la Región de Murcia

 

 
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